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PROYECTO DE LEY DE
REPRESENTACIÓN PARITARIA
Rodrigo Rodríguez Gestal
El Proyecto de Ley Orgánica de
representación paritaria y presencia
equilibrada de mujeres y hombres
transpone una Directiva Comunitaria
de diciembre de 2022, que, a su
vez, busca cumplir con uno de los
objetivos marcados en la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
Es un debate recurrente la necesidad de
imponer cuotas para fomentar el avance de
la representación efectiva de las mujeres en
los ámbitos decisorios de la vida política y
28 económica. En España, y particularmente
en los últimos años, hemos sido pioneros
en la introducción de estas medidas, ya
sea en forma de presión por los agentes de
mercado en materia de gobierno corporativo
(demandadas por inversores internacionales
y asesores de voto), de recomendaciones
para la adopción de buenas prácticas de
la CNMV y otras instituciones interesadas
(soft regulation), o, como es el caso que nos
ocupa, de leyes vinculantes y de obligado
cumplimiento (hard regulation).
El Proyecto de Ley Orgánica de representación
paritaria y presencia equilibrada de mujeres y
hombres transpone una Directiva Comunitaria
de diciembre de 2022, que, a su vez, busca
cumplir con uno de los objetivos marcados
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el
principio de representación equilibrada en el
panorama empresarial, traducido en una ratio
del 60% - 40% de presencia de cada género
en el Consejo de Administración. Cabe decir
que este proyecto de ley, acerca el marco
regulatorio español al de otros países de
nuestro entorno en los que ya existen cuotas
duras, tales como Portugal, Francia, Alemania
o Italia, entre otros.
En España, los esfuerzos realizados en este
sentido han sido numerosos y, podríamos
decir, exitosos, en lo que atañe a las grandes
compañías cotizadas y la composición de
su máximo órgano de administración (ver
informe Lighthouse elaborado por Morrow
Sodali), debido, en gran medida, al empuje
de los grupos de interés o stakeholders de
estas compañías en lograr un consejo de
administración diverso, no solo en relación
con el género, sino también en habilidades
y conocimientos, experiencia, etc. Ahora, por
una parte, se busca trasladar este principio
de representación equilibrada a los órganos
directivos de las empresas cotizadas y, por
otro, exigir esta misma premisa al máximo
órgano de administración y a los puestos de
dirección de aquellas compañías no cotizadas
consideradas de interés público, entendidas
estas como aquellas que superen los 250
trabajadores, tengan una cifra de negocios
superior a 50 millones de euros y/o un activo
superior a 43 millones de euros.
Es innegable el impacto que esto puede
tener en la conformación de los consejos
de administración de la mayoría de
“La búsqueda de perfiles y
los procesos de selección
también necesitarán de una
revisión profunda, ya que en
el propio Anteproyecto de Ley
se habla de que, en caso de
empate en la valoración del
perfil de varios candidatos,
se debe elegir al que forme
parte del género menos
representado”
La revista de las Compras del siglo XXI
las compañías alcanzadas por esta ley,
pero, particularmente en aquellas que,
tradicionalmente, no hayan tenido una
presencia femenina significativa entre sus
filas, por motivos dispares y, en ocasiones,
fuera del perímetro de actuación de la propia
compañía, como puede ser el hecho de que
esta actúe en un sector con poca presencia
histórica de mujeres (industrial, inmobiliario…),
dificultando la selección de perfiles que
ayuden en la consecución de los objetivos
marcados en los planes estratégicos de dichas
compañías.
La búsqueda de perfiles y los procesos de
selección también necesitarán de una revisión
profunda, ya que en el propio Anteproyecto
de Ley se habla de que, en caso de empate en
la valoración del perfil de varios candidatos,
se debe elegir al que forme parte del
género menos representado, lo que provoca
retos para los comités de nominaciones,
si existiesen, o para los departamentos de
recursos humanos de las compañías.
Otra de las novedades introducidas en este
proyecto de ley es la inclusión del sector
público como destinatario, ya que, por
primera vez, se le impone esta premisa del 29
60% - 40%, alcanzando, incluso, a las listas
electorales; lo que supone, en esencia, un
cambio de paradigma del mismo calibre que
el que aplica al mundo de la empresa y que es
de agradecer, ya que permitirá a aquellos que
promueven las leyes predicar con el ejemplo.
En cuanto a la entrada en vigor de este
proyecto, cabe decir que está en fase de
tramitación parlamentaria; sin embargo, ya
se recogen en él las fechas de aplicación de
sus disposiciones, variando entre junio de
2024 para las compañías del Ibex 35 hasta
junio de 2028 para las entidades consideradas
de interés público; aunque entendemos
que estas fechas podrían variar en base a las
enmiendas que se pudiesen introducir o las
necesidades de la realidad parlamentaria.
Por último, pero de vital importancia para
conocer el alcance real de esta norma, todos
nos preguntamos cuál será el régimen
sancionador a aplicar, para el que todavía
habrá que esperar, aunque sí es conocido que
será más estricto para las grandes empresas
cotizadas que para el resto de las entidades
objeto de aplicación.
¿Y tu compañía, está preparada para este
cambio? ¿Habéis hecho ya los deberes?